Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato con el objeto de que sea atribución de la Secretaría de Educación el diseñar y poner en marcha mecanismos para detectar situaciones de abandono o deserción escolar.
La diputada Katya Cristina Soto Escamilla señaló que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la COVID 19 impactó negativamente a las familias mexicanas en diversos ámbitos, entre ellos, el educativo. Asimismo, dijo que 2.2% (738.4 mil personas) de la población inscrita en el ciclo escolar 2019-2020 no concluyeron y más de la mitad de ellos precisó que fue por un motivo relacionado a dicha enfermedad.
Apuntó que, en el estado de Guanajuato, entre 2020 y 2021, más de 80 mil alumnos de todos los niveles abandonaron sus estudios por las complicaciones de estudiar en el contexto de la pandemia.
“La Secretaría de Educación de Guanajuato detalló que se trata de 3 mil 063 alumnos de secundaria, 2 mil 957 estudiante de primaria, mil 580 en preescolar y 35 alumnos en educación especial o inicial. En el caso de medio superior hemos tenido un abandono del 20% (de la matrícula) en el caso de media superior y del 10% en educación superior (de la matrícula)”, indicó la legisladora.
Soto Escamilla subrayó que hoy más que nunca, era necesario prevenir y atender los casos de abandono y deserción escolar con la conciencia de que cuando un menor abandona repetidamente sus estudios, no solo implicaba que probablemente se están transgrediendo sus derechos humanos a recibir formación académica, sino que ello también constituía una grave señal de alerta, ya que podrían estar en riesgo otros de sus derechos.
“Es necesario reafirmarlo, si un niño o una niña deserta inexplicablemente de la escuela, esto no es normal, y no debe ser recibido por la sociedad y las instituciones con simple resignación, sino que es necesario que actuemos para conocer los motivos”, argumentó.
En ese sentido, manifestó que proponían que la Secretaría de Educación diseñe y ponga en marcha todos los mecanismos que se requieran para detectar esas situaciones de abandono e informarlas a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
“Estamos convencidos de que esta modificación es necesaria para fortalecer, en la ley y en la vida práctica de nuestras instituciones y de la sociedad guanajuatense, el concepto de que el derecho a la educación no es renunciable”, finalizó, la legisladora.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.