Guanajuato, Gto.- El Grupo Parlamentario del PAN presentó una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a efecto de que no se apruebe la iniciativa presentada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada ante esa Soberanía el 1 de octubre del presente año.
En la exposición de motivos, la diputada Susana Bermúdez Cano recordó que el primero de octubre de 2021, el titular del Poder Ejecutivo federal presentó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto por la que se pretende reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Mencionó que diversas organizaciones especialistas en materia de competitividad y desarrollo social y económico han advertido los graves riesgos que una reforma de esta naturaleza representaría para el país.
“Lo que advertimos en la iniciativa que presentó el presidente de la República, es contrario a las corrientes del progreso social, económico y político de nuestros tiempos. Es retrograda, vulnera el régimen de una economía mixta, como la mexicana, en el que debería confluir el sector público, social y privado; trastoca a la política industrial moderna, en la que el Estado se asume como facilitador de las condiciones para el desenvolvimiento del sector privado, y en el que éste, a su vez, contribuye al desarrollo económico de nuestro país”, acentuó.
La legisladora advirtió que, de aprobarse la reforma, el mismo gobierno federal tendría que asumir, a través de subsidios, los costos adicionales de generación de energía, o vender más cara la electricidad a todos los usuarios, por lo que, en cualquiera de los casos, generaría impactos contraproducentes para las finanzas públicas, y en consecuencia al pueblo de México que el presidente juró proteger.
“De aprobarse la iniciativa, también se revertiría la separación de la personalidad jurídica de la CFE y las empresas productivas subsidiarias o filiales de la CFE, lo que representaría que, esta empresa estatal participe en el mercado como único comprador y suministrador de energía, lo cual elimina las posibilidades de competencia en el mercado de generación”, agregó.
Finalmente, subrayó que la reforma del presidente de la República pretende cancelar los certificados de energía limpia, contemplados en la Ley de Transición Energética, los cuales actualmente se otorgan a las centrales generadoras de energía limpia como incentivos para la atracción de inversiones para ampliar, precisamente, la capacidad instalada de generación de energía limpia.
“Compañeras y compañeros diputados, no podemos quedarnos callados ante el embate que está por realizar el presidente de la república contra el desarrollo sostenible, social y económico del país… Lamentamos esta visión retrograda del presidente de la república, y manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la iniciativa en comento”, añadió.
La propuesta legal se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.