Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano formuló una iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios con el objeto de incorporar de manera expresa la perspectiva de igualdad sustantiva y autonomía económica de las mujeres dentro de la política estatal de desarrollo económico y competitividad.
Al hacer uso de la tribuna, la congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco manifestó que la autonomía económica de las mujeres debe integrarse transversalmente en el marco jurídico vigente de desarrollo económico, a fin de que las políticas públicas estatales y municipales incorporen de manera explícita medidas orientadas a reducir las brechas estructurales que limitan la participación plena de las mujeres en la economía.
Precisó que la propuesta reconoce que la desigualdad económica entre mujeres y hombres es un problema público de carácter estructural que impacta directamente en el ejercicio efectivo de derechos, en la competitividad económica y en el bienestar social.
Pedroza Orozco añadió que la iniciativa busca fortalecer las herramientas normativas ya existentes en materia de desarrollo económico, sin generar duplicidad institucional, burocracia innecesaria ni mecanismos ajenos a las atribuciones actualmente previstas en la norma.
La congresista subrayó que la autonomía económica constituye una condición indispensable para el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales y para el acceso de las mujeres a condiciones reales de igualdad sustantiva, además de que el desarrollo económico estatal no puede desvincularse de la igualdad sustantiva.
Al dar algunas estadísticas, mencionó que, en el estado de Guanajuato, las brechas de género en el ámbito económico se manifiestan con particular intensidad, reproduciendo las tendencias nacionales y globales. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2025, la tasa de participación total de hombres y mujeres es del 59.4 % de la población guanajuatense; los hombres ocupan un 74.8 % y las mujeres solo un 46.1 %, teniendo una brecha del 28.7 %, lo que pone en evidencia una desigualdad persistente en cuanto al acceso a ingresos.
Afirmó que la participación económica de las mujeres en la entidad se sitúa en torno al 40–45 %, mientras que la de los hombres supera el 70 %, lo que evidencia una desigualdad persistente en el acceso a ingresos; y a eso se le suma que una proporción significativa de mujeres ocupadas se concentra en el sector informal, lo que implica condiciones laborales precarias, falta de seguridad social y menor estabilidad económica.
La congresista subrayó que la iniciativa se sustenta en el reconocimiento de que la política económica constituye un ámbito estratégico para garantizar el acceso igualitario de las mujeres al empleo, al emprendimiento, al financiamiento, a la capacitación, a la innovación y a las cadenas de valor, elementos indispensables para fortalecer su autonomía económica y su participación plena en el desarrollo del Estado.
Finalmente, apuntó que la propuesta busca incorporar entre los objetivos de la norma el fomentar la autonomía económica de las mujeres; definir la autonomía económica de las mujeres; la observación del principio de paridad de género en la integración del Consejo; y la realización de diversas acciones como diseño de programas de formación y capacitación laboral para mujeres, apoyo tecnológico, organizacional y gerencial a las micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres, entre otros.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Social para su estudio y dictamen.