Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso del Estado aprobó las Minutas Proyecto de Decreto por las que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.
Al hacer uso de la voz, el diputado Juan Carlos Romero Hicks coincidió en la necesidad de eliminar privilegios y pensiones socialmente indefendibles; sin embargo, cuestionó severamente que el límite de dichas prestaciones se fije en función del salario de la titularidad del Poder Ejecutivo, señalando que esto carece de sustento técnico o jurídico razonado a nivel internacional.
Añadió una advertencia sobre los riesgos de ruptura de la certeza jurídica y la posible vulneración de los derechos adquiridos, así como a los principios de irretroactividad, seguridad jurídica y progresividad de los derechos sociales.
En su intervención, el legislador Antonio Chaurand Sorzano mencionó que la minuta representa un paso fundamental en la consolidación de un Estado que corrige desigualdades históricas y recupera su rectoría para garantizar la justicia social.
El congresista refirió que se tiene el registro de 18 millones de pensionados que perciben un promedio de 7 mil pesos mensuales frente a un grupo de 6 mil personas con ingresos superiores a los 300 mil pesos.
Finalmente, expresó que establecer un límite a las pensiones basado en la mitad de la remuneración de la Presidencia de la República es una medida de austeridad que generará un ahorro de 5 mil millones de pesos, destinados a fortalecer los sistemas de salud, educación y programas de bienestar.
Reforma político-electoral
En cuanto a la Minuta Proyecto de Decreto en materia de reforma político-electoral, la Asamblea no la aprobó.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks se pronunció a favor del dictamen en sentido negativo de la minuta, argumentando que la reforma evade los problemas estructurales de la Democracia Mexicana, como lo es la intervención del crimen organizado en los comicios y la distorsión en la representación proporcional, y que se centra en una injerencia administrativa que vulnera el pacto federal.
El legislador mencionó que los cambios ya aprobados representan una debilitación institucional y una simulación de cambio, concluyendo que la propuesta no está a la altura de las necesidades del país al destruir la autonomía de municipios y entidades federativas en favor de un control federal injustificado.
En contra del dictamen, hizo uso de la voz la legisladora María Eugenia García Oliveros al afirmar que la minuta que pretendían rechazar incluía cinco elementos clave como la reestructuración de los ayuntamientos, estableciendo que se integren por una persona presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías; que los presupuestos anuales de los congresos locales no excedan el 0.7% del presupuesto total de egresos de cada entidad federativa; la eliminación de privilegios, al establecer que diversas autoridades en materia electoral no ganen más que la presidenta de México.
De igual manera, dijo que los ahorros generados por la reducción del gasto en ayuntamientos y congresos se destinen exclusivamente a obras de infraestructura y desarrollo local, y al fortalecimiento de la paridad de género, garantizando su cumplimiento tanto horizontal como vertical, con perspectiva de género e igualdad sustantiva.
Finalmente, comentó que el gobierno no debe ser una carga para el pueblo, y las personas servidoras públicas no deben tener privilegios a costa del presupuesto de todas y todos los mexicanos.
En su oportunidad, a favor del dictamen, el congresista Alejandro Arias Ávila indicó que tenían que dejar patente el rechazo a la vulneración del pacto federal y a la libertad de las entidades federativas a la libre configuración del marco jurídico que ha de ordenar la vida social de los guanajuatenses.
Agregó que, en un sistema como el mexicano, el federalismo se entiende como un sistema político que distribuye el poder entre el gobierno federal o central y entre entidades federativas autónomas. Afirmó que las reformas a la Constitución que se aprobaron se apartan del respeto a los principios del federalismo, al imponer a las Entidades Federativas formas de gobierno no consensuadas.
Precisó que, en el país existen 180 municipios que tendrían que reducir a 1 sindicatura en 14 Estados, menos de la mitad de las Entidades Federativas que se requieren para la aprobación de una reforma Constitucional. Asimismo, de los 2,478 municipios que tiene el país, 1085 tienen hoy menos de 7 regidores, lo que abre la posibilidad de crear 2,979 nuevos cargos de regidor, frente a sólo 205 regidurías a eliminar en 59 municipios que tendrían más de 15 regidurías.
Finalmente subrayó que era falso el argumento de austeridad que prácticamente obliga a crear casi tres mil nuevos cargos.
En la última intervención, la congresista Susana Bermúdez Cano indicó que la reforma carece de rigor técnico, método y visión de Estado, donde la aceleración del proceso legislativo y la falta de un espacio de participación social real dieron como resultado una propuesta institucionalmente frágil que vulnera los principios de legalidad y pluralismo político.
Añadió que la reforma se limita a ajustes de carácter administrativo bajo una narrativa de austeridad que tiene diversas contradicciones por no acompañarse de una revisión integral del uso de los recursos públicos.
Finalmente, precisó que la reforma ignora la heterogeneidad de las regiones y municipios, además de invitar a sus homólogos a votar a favor del dictamen en sentido negativo y así rechazar la centralización y la ausencia de reglas claras que no ayudan a construir equidad.