Guanajuato, Gto.- Esta mañana, la Comisión de Justicia dio cuenta de 12 propuestas legales.
Se trata de 10 iniciativas. La primera plantea cambios a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato que busca establecer como atribución el fomento del respeto a la dignidad póstuma entre su personal, así como incluir este principio como parte de sus obligaciones en el ejercicio de sus funciones, la cual se enviará a la Fiscalía General.
La segunda propone modificaciones al Código Civil estatal con el objetivo de agilizar los procesos de adopción y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y se enviará al Supremo Tribunal de Justicia, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, al Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al Sistema DIF Estatal de Guanajuato y a la Consejería Jurídica.
Además, se implementará un proceso de consulta a niñas, niños y adolescentes.
Otras dos buscan hacer ajustes a la Ley de Seguridad Social del Estado con el propósito de establecer un monto mínimo para las pensiones por invalidez, vejez, jubilación y muerte, y crear un piso mínimo para determinadas pensiones del sistema estatal de seguridad social, de modo que ninguna quede por debajo del salario mínimo general vigente. Sobre esta se pedirá a la Unidad de los Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestal e implementación de un proceso de consulta a personas con discapacidad.
También se enviará al Instituto de Seguridad Social del Estado, a la Consejería Jurídica, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 45, a la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado, a las asociaciones sindicales de Trabajadores Administrativos y Personal Académico de la Universidad de Guanajuato, al Supremo Tribunal de Justicia, al Instituto Electoral del Estado, al Tribunal Electoral del Estado, al Tribunal de Justicia Administrativa, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General del Estado.
La quinta plantea ajustes a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado con la finalidad de implementar sistemas de captación de agua pluvial para consumo personal y doméstico en el régimen de condominios, se remitirá a la Consejería Jurídica, a los 46 municipios y al Colegio de Notarios Públicos.
La sexta busca hacer ajustes al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato para que se garantice el derecho de defensa ante omisiones en actos administrativos, la cual se remitirá para su análisis al Tribunal de Justicia Administrativa y a la Consejería Jurídica.
Otras tres proponen cambios al Código Penal estatal con el objeto de fortalecer la protección y el bienestar animal, así como endurecer las sanciones por conductas de maltrato, crueldad y peleas de perros; eliminar disposiciones invalidadas por la SCJN sobre “terapias de conversión” y endurecer sanciones contra los ECOSIEG.
Las tres se mandarán a consulta del Supremo Tribunal de Justicia, de la Fiscalía General y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo; la primera, además, consultará a la Asociación URI y a los rescatistas independientes Francisco Guerrero, Iguano Mayor y Fabiola Guadalupe Acosta, mientras que la segunda incluye a los colectivos Guanajuato Libre, Cometa SG de San Miguel de Allende y a Salma Luévano Luna.
Además, la segunda y la tercera añaden a la Procuraduría de Derechos Humanos y se dictaminarán de manera conjunta. Asimismo, para la última de estas se implementará un proceso de consulta a niñas, niños y adolescentes y a personas con discapacidad.
La décima incide en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato para eliminar la referencia a la adopción simple en el citado ordenamiento. En este punto, la congresista Susana Bermúdez Cano propuso eliminar la metodología e instruir la elaboración del dictamen en sentido positivo.
A excepción de la décima, que tiene como plazo 10 días, para el resto de las iniciativas se estableció un periodo de 15 días hábiles, mismo tiempo por el cual se habilitarán ligas en el portal de internet para consulta y participación ciudadana y se llevarán a cabo mesas de trabajo.
Las otras dos propuestas que se recibieron fueron puntos de acuerdo. Uno para exhortar al fiscal general estatal para que a través de la Visitaduría General y de las áreas ministeriales competentes, se realice una investigación exhaustiva, pronta, imparcial y con perspectiva de derechos humanos respecto de la agresión presuntamente cometida por agentes del Grupo Estatal de Reacción e Intervención y/o de la Agencia de Investigación Criminal en contra del periodista Makario Mako Sierra, se determinen las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales que correspondan, se apliquen las sanciones conforme a derecho.
De igual manera, se dicten, de ser procedente, las medidas provisionales necesarias para evitar impunidad y garantizar la no repetición; así como a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que inicie de oficio la investigación correspondiente por la probable violación a derechos humanos en agravio del periodista Makario Mako Sierra, derivada de actos y omisiones atribuibles a personas servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado, y emita la resolución que en derecho proceda.
Se propuso solicitar información a la Procuraduría de los Derechos Humanos y al Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, con plazo de 15 días hábiles.
El otro para solicitar al Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato para que evalúe y, en su caso, implemente la creación de un juzgado especializado en procedimientos de adopción, con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia y garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
Al respecto, la diputada Susana Bermúdez Cano planteó que se dictamine en sentido negativo porque el Poder Judicial cuenta con 24 juzgados especializados en la materia, y establecer únicamente uno haría que las personas tuvieran que trasladarse, por lo que no es viable. Su propuesta fue avalada.
Otros asuntos
Como parte del orden del día, se analizó la iniciativa de reforma al Código Penal, que está orientada a actualizar el tipo penal, corregir inconsistencias, eliminar duplicidades y dotar de coherencia sistemática a la regulación del delito de extorsión.
El congresista Rolando Fortino Alcántar Rojas manifestó que el tema quedó limitado al legislador federal y el local perdió competencia para legislar en la materia; mientras que el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor indicó que se podía homologar con la legislación federal e instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo. Su propuesta fue rechazada y se avaló la elaboración del dictamen en sentido negativo.
De igual manera, se dio seguimiento a la propuesta para modificar la norma penal para incrementar la sanción impuesta al delito de violación, atendiendo a la afectación tan intensa que implican esos delitos cuando se cometen en contra de personas menores de dieciocho años, y cuando se comete en menores de 14 años, la violación puede ser calificada.
También se dio seguimiento a cinco iniciativas. Tres proponen cambios al Código Penal para incorporar otras razones de género que podrían facilitar la acreditación del delito de feminicidio; eliminar excusas absolutorias en casos de feminicidio; incrementar las sanciones y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente al reclutamiento de menores en actividades ilícitas por parte de grupos delictivos e incrementar la pena si el feminicidio es contra una mujer indígena.
La quinta propone ajustes al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato respecto al juicio de información testimonial en las comunidades indígenas.
La diputada Susana Bermúdez Cano pidió que se solicitara la elaboración del dictamen en sentido negativo, ya que las materias que se abordan no son competencia del legislador local, ni en el tema de feminicidio ni en lo que corresponde a la legislación procesal civil, y se analizará el 01 de julio de 2026.
Finalmente, se aprobó el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de la propuesta de punto de acuerdo que pretendía exhortar a la titular del Poder Ejecutivo, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que en uso de la facultad que tiene conferida en el último párrafo del artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, iniciara el proceso de remoción del Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste.
El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor indicó que la procuración de justicia no debe tomarse a la ligera, ya que las atribuciones que ejerce el fiscal general son de vital importancia para incrementar la confianza de las personas en sus autoridades. Indicó que no se estaba juzgando al fiscal en un procedimiento de responsabilidades, sino que se le pedía a la gobernadora que decidiera si iniciaba o no el proceso de remoción del citado funcionario.
Por su parte, la legisladora Susana Bermúdez Cano resaltó que no se ha tomado nada a la ligera y que no compartía los argumentos de su antecesor.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Karol Jared González Márquez y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, así como los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor (presidente) y Rolando Fortino Alcántar Rojas.