TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Juan ‘N’, un dirigente sindical señalado como uno de los principales operadores del huachicoleo de agua en la zona oriente del Estado de México.
Su captura tuvo lugar en el municipio de Nezahualcóyotl como parte de una serie de cateos y acciones ejecutadas en la segunda fase de la ‘Operación Caudal’, un operativo de alto impacto contra el robo y venta ilegal de agua.
De acuerdo con las autoridades, durante su detención se le aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, cargadores y bolsas con hierba con características similares a la marihuana. Además, existía en su contra una orden de aprehensión por el delito de extorsión, por lo que fue presentado ante un juez para determinar su situación jurídica.
De acuerdo con la fiscalía estatal, Juan ‘N’ es líder de la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM) y vocero de Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX), organizaciones que, según autoridades, servían como fachada para comercializar clandestinamente con el recurso.
Junto a él, la fiscalía mexiquense también detuvo a Guillermo ‘N’ y Christian Jesús ‘N’, alias ‘Gimy’ o ‘Jimmy’, acusados de participar en la ordeña de infraestructura hidráulica y la distribución ilícita del líquido mediante pipas.
La ‘Operación Caudal’ es un operativo implementado por la FGJEM para combatir el huachicoleo de agua, un esquema delictivo que incluye la extracción clandestina del recurso a través de pozos, tomas irregulares e intervenciones a redes oficiales, así como su distribución y venta ilegal en municipios del Estado de México como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y otros puntos del Valle de México.
Esta estrategia tiene como objetivo desmantelar estructuras criminales que, de acuerdo con las autoridades, operan bajo la cobertura de sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones de piperos que controlan rutas, pozos y conexiones clandestinas para lucrar con el suministro.
La fiscalía ha documentado que estas redes utilizaban pipas para extraer agua de tomas ilegales, acapararla y venderla a precios superiores, afectando directamente el abasto de colonias vulnerables y generando un mercado paralelo del agua, especialmente en zonas donde la escasez es recurrente.
Dentro del operativo también se han identificado más de 50 pozos y alrededor de 138 tomas clandestinas.
Además del robo de agua, la FGJEM atribuye a algunas de estas organizaciones delitos como extorsión, despojo, narcomenudeo y amenazas contra trabajadores del sector y operadores de pipas que se negaban a integrarse a sus grupos o pagar cuotas.
