CIUDAD DE MÉXICO. – México ha demostrado que no se ha seguido con el debido proceso legal en referencia al caso de Rubén Cárdenas, irapuatense que fue sentenciado a muerte en Estados Unidos, así lo indicó el subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Manuel Sada Solana.
En conferencia, señaló que el proceso de muerte que enfrenta el connacional es ilegal, por lo que el Gobierno Mexicano interpuso dos recursos para que su ejecución se pueda posponer hasta que se realicen nuevas revisiones del caso.
El funcionario también señaló que el Gobierno mexicano hará hasta lo imposible por revertir la pena de muerte de Rubén Cárdenas, quien será ejecutado este miércoles en Texas.
Cárdenas Ramírez enfrenta pena de muerte por secuestro, violación y homicidio de su prima hermana de 16 años, en febrero de 1997.
En tanto, la organización Amnistía Internacional (AI) lanzó una campaña para recabar firmas que respalden la petición dirigida al gobernador de Texas, Greg Abbot, con el fin de que se suspenda la condena contra Rubén Ramírez Cárdenas.
En la carta dirigida al gobernador y a la Sección de Clemencia, Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, la organización pide que se realicen pruebas pendientes (entre ellas la de ADN) para el esclarecimiento del caso, dentro de la investigación por el crimen de Mayra Azucena Laguna, del que Ramírez Cárdenas fue acusado.
Cuando fue detenido e interrogado después del asesinato de su prima de 16 años, ocurrido el 22 de febrero de 1997, el guanajuatense originario de Aldama, Irapuato no contó con la asistencia consular y tampoco con un abogado.
Por su parte, Jacob Prado, director de Protección de Mexicanos en el Exterior, comentó que México implementó el Programa para la Atención a Mexicanos Condenados a la Pena de Muerte que ha logrado atender mil 150 casos, de los cuales mil 14 se evitaron que fueran ejecutados, es decir, con un 98% de efectividad, además ha presentado y propuesto ante legisladores estadunidenses una iniciativa para abolir la pena de muerte que hasta el momento no ha sido considerada de manera formal en la discusión parlamentaria, pero que es apoyada por 17 países.