Nueva York.— El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, a quienes señala por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de drogas y posesión ilegal de armas.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer el documento, en el que sostiene que los implicados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de droga a territorio estadounidense, a cambio de beneficios políticos y pagos ilícitos.
Entre los señalados se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno sinaloense; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal estatal; Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario de la misma corporación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya fueron recibidas solicitudes de extradición contra los acusados, las cuales están siendo analizadas por la Fiscalía General de la República. Asimismo, adelantó que enviará una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos por considerar que se vulneró la confidencialidad de la información.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los funcionarios habrían tenido un papel clave en el apoyo al Cártel de Sinaloa, organización catalogada en ese país como grupo terrorista extranjero, facilitando el traslado de sustancias como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México.
Las investigaciones apuntan a que los implicados estarían vinculados con la facción del cártel liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, de quienes presuntamente recibieron millonarios sobornos.
El fiscal federal Jay Clayton señaló que organizaciones como el Cártel de Sinaloa no podrían operar con tal nivel de libertad sin la complicidad de funcionarios corruptos dentro del ámbito político y de seguridad.
En tanto, Terrance Cole, titular de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), afirmó que este caso evidencia un intento deliberado por debilitar las instituciones públicas y poner en riesgo a la población. Subrayó que los acusados habrían utilizado sus cargos para proteger las operaciones del crimen organizado, permitiendo el flujo de drogas letales hacia ese país.
Finalmente, Cole reiteró que nadie está por encima de la ley y agradeció la colaboración de quienes, tanto en Estados Unidos como en México, trabajan con integridad para combatir estas redes delictivas, asegurando que continuará la presión contra el Cártel de Sinaloa y sus aliados.