Guanajuato, Gto.- En sesión ordinaria, las diputadas y los diputados que integran la LXV Legislatura exhortaron a las instancias correspondientes para que, dentro de sus atribuciones, revisen escrupulosamente los procesos, garanticen los derechos de las víctimas y se proceda hasta las últimas consecuencias, respetando en todo momento el Estado de Derecho.
En la exposición de motivos, el diputado Alejandro Arias Ávila subrayó que en un Estado democrático se debe ser sensible y humano en el trato con las víctimas, donde el gobierno se pone al servicio de los que más lo necesitan, los que más sufren y de quienes han quedado al margen de la justicia y de la garantía plena de los derechos que prevé la Constitución.
“En este sentido, el Congreso del Estado de Guanajuato, no puede hacer caso omiso a las voces de la sociedad, pues como órgano representativo de la misma, debe atender las necesidades más esenciales que aquejen a los guanajuatenses. Desde este recinto, como legisladores, nos corresponde seguir trabajando para fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia y el marco normativo de respeto y protección a los derechos humanos”, acentuó.
Derivado de lo anterior, el legislador comentó, a nombre de los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, en atención al interés de la sociedad en torno al caso de Jorge N. y en el carácter de representantes populares, que el Poder Legislativo de Guanajuato se ha comprometido y seguirá trabajando con resultados en el apoyo hacia las mujeres, para que tengan una vida libre de violencia.
Además, hizo un firme llamado a las instancias correspondientes para que, dentro de sus atribuciones, revisen escrupulosamente el proceso, garanticen los derechos de las víctimas y se proceda hasta las últimas consecuencias.
Asimismo, aseguró que estarán atentos a que tanto la Fiscalía General del Estado, como el Poder Judicial actúen con base al Estado de Derecho y en apego irrestricto a la ley, sin importar colores partidistas ni personajes.
“Estamos ciertos en que las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia, actuarán en sus procesos con perspectiva de género y que sus determinaciones se apegarán al marco jurídico y al estado de derecho, haciendo prevalecer los principios de objetividad, profesionalismo y legalidad, que la Carta Magna y los Tratados Internacionales los obligan a actuar. Los grupos y la representación parlamentaria que integramos esta Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Guanajuato, refrendamos nuestro compromiso contra la eliminación de todo tipo de violencia de género e institucional hacia las mujeres”, acentuó.
La diputada Irma Leticia González Sánchez pidió el uso de la voz para hablar en contra de la solicitud de obvia resolución. Señaló que la propuesta de punto de acuerdo tiene la intención de disminuir la importancia del tema a tratar, el cual es la violencia que se comete contra las mujeres en el estado de Guanajuato.
Consideró que el punto de acuerdo presenta una transgresión a la práctica parlamentaria, luego de que consideró que al tema se le buscó un lugar preferente en el orden del día, luego de que se colocó detrás de otros dos acuerdos que ya estaban enlistados y tratan el mismo tema.
“Ha faltado sororidad en quien ha propuesto espontáneamente subir este punto de acuerdo, hasta se solicitó un lugar específico sin analizar que haya un trabajo legislativo. Hablemos los temas con claridad, en los que las víctimas han tenido que salir a declarar públicamente contra quien denuncian a mujeres violentadas, que no merecen el actuar de la mayoría panista en este Congreso y quienes se les unen, de verdad seamos justos y congruentes”, añadió.
Al hablar en contra de la propuesta, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo externó que estaba preocupado porque el tema se estaba politizando y no le convenía a las víctimas y en general a las personas que eran víctimas de este tipo de delitos.
Apuntó que con el punto de acuerdo parecía que se quería contener de manera política el tema y proteger al fiscal general, quien solicitó la reclasificación del delito, por lo que les pidió a sus homólogos que hicieran las cosas como eran y no protegieran a delincuentes.
En su intervención, las legisladoras Yulma Rocha Aguilar y Angélica Casillas Martínez, y el diputado Gerardo Fernández González hicieron uso de la voz para hablar a favor de la propuesta de punto de acuerdo.
La diputada Yulma Rocha Aguilar refirió que existen muchos agresores sexuales pertenecientes a diferentes partidos políticos. Mencionó que la cultura de la violación es un conjunto de prácticas sociales que normalizan las violaciones para que no lo parezcan, y se alimentan de las desigualdades de género.
Asimismo, reconoció la valentía de las víctimas de violencia sexual que presentaron sus denuncias, pese a las posiciones políticas que puedan tener los agresores.
“Este tema es importante que se refleje en el debate y en la exigencia que han hecho las propias víctimas ante las autoridades. Celebro que desde la Junta de Gobierno se hayan pronunciado todas las fuerzas políticas sobre el tema, reconozco que se hayan pronunciado en conjunto, a manera de institución. Regina y todas las víctimas nos han obligado a pronunciarnos y que se despojen de todos los intereses partidistas”, agregó.
En su participación, el diputado Gerardo Fernández González, a nombre del grupo parlamentario del PVEM, condenó todo tipo de violencia de género y reiteró el apoyo a las víctimas que presentaron la denuncia.
Además, externó su compromiso para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que viven las mujeres todos los días en Guanajuato.
“Estaremos atentos a lo que siga y nos sumamos al reconocimiento al Partido Acción Nacional, pues permite salir y decir que estamos unidos. No vamos a permitir que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial actúen fuera de la ley y si es necesario haremos las modificaciones al Código Penal”, agregó.
Finalmente, la congresista Angélica Casillas Martínez manifestó que reafirmaba que su grupo parlamentario coincidía con la postura que había fijado el Congreso del Estado de Guanajuato, a través de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Subrayó que estaba de acuerdo con el compromiso que se había hecho por parte del Poder Legislativo de seguir trabajando con resultados en el apoyo hacia las mujeres, para que tengan una vida libre de violencia.
Afirmó que también concordaban con la postura expresada, porque mediante ese firme llamado a las instancias competentes, a revisar escrupulosamente el proceso y llegar hasta las últimas consecuencias, fortalecían el respeto irrestricto a los derechos humanos.
De igual manera, dijo que su postura era la de dar puntual seguimiento a los procesos que realice la Fiscalía General y el Poder Judicial en este y en todos los procesos jurisdiccionales con absoluto apego al Estado de Derecho.
