Guanajuato, Gto.- El Pleno del Congreso exhortó al Secretario de Salud Federal y al Presidente de la República, para que se respeten los derechos laborales de los trabajadores que se desempeñaban en el Seguro Popular.
Lo anterior conforme a lo previsto en los artículos tercero y cuarto transitorios, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019.
En la exposición de motivos, el diputado Jaime Hernández Centeno recordó que el INSABI surgió de la reforma a la Ley General de Salud aprobada el 29 de noviembre del 2019, que entró en vigor el 1 de enero del 2020.
“Uno de los temas centrales de la reforma fue que el término protección social en salud se cambió por el de prestación gratuita de servicios de salud. No se puede negar que la intención fue buena, sin embargo, la reforma se hizo al vapor, sin analizar todas las aristas y sin las prevenciones debidas. Desde su creación, el INSABI careció de un soporte financiero, normativo y operativo, y más bien se caracterizó por una profunda incertidumbre no solo para las entidades, sino para los mexicanos no derechohabientes, pues no quedaron claras las reglas, es decir, quedó en la oscuridad el proceso de afiliación y los criterios de elegibilidad”, comentó.
Precisó que algunos Estados decidieron no incorporarse al INSABI, por considerar funcionales sus sistemas de salud, como es el caso de Guanajuato, donde 9 hospitales cuentan con certificación ante el Consejo de Salubridad General, por cumplir con estándares de seguridad de los pacientes, calidad de atención médica, seguridad hospitalaria, normatividad y políticas nacionales prioritarias en salud.
El diputado expuso que entre los estatutos del nuevo Instituto no figuraba el Servicio Profesional de Carrera, ni lo adoptaron como modelo de contratación, por lo que varios funcionarios suscritos bajo este régimen quedaron en la incertidumbre y otros más fueron obligados a firmar sus renuncias bajo presión.
Mencionó que el Servicio Profesional de Carrera (SPC) surgió en 2003 y es el primer ejercicio por establecer un servicio civil estandarizado en la administración pública centralizada, dirigido al personal de mando en el Gobierno Federal; sin embargo, indicó que, a un grupo de 26 funcionarios del Servicio Profesional de Carrera ya no les renovaron el contrato y dejaron de percibir, sin ninguna explicación, su salario en 2021.
“Han solicitado audiencia con las autoridades del Instituto, sin éxito alguno. Nadie se hace responsable de su futuro laboral y solo les dan largas. El ofrecimiento es reconocerles solo parte de su antigüedad y darles una -compensación por sus servicios-. Aunque no es lo justo, algunos trabajadores analizan aceptar la oferta, dado que la pandemia ha traído consigo desempleo e incertidumbre y la falta de sustento en casa puede hacer que se tomen decisiones precipitadas. Al retenerles ilegalmente su pago, los están orillando a que renuncien y acepten lo que les dan, solo migajas por tantos años de trabajo y esfuerzo”, lamentó.
Finalmente, el congresista refirió que, de acuerdo con datos de animal político, en enero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que antes de que terminara su administración se daría base a más de 80 mil trabajadores de la salud y para el 1 de diciembre de ese año quedaría consolidado el Instituto de Salud para el Bienestar.