DOLORES HIDALGO, GTO.- Familiares de cuatro hombres que perdieron la vida en un accidente automovilístico ocurrido el pasado 12 de marzo sobre la carretera Dolores Hidalgo–San Luis de la Paz denunciaron irregularidades durante el proceso de entrega de los cuerpos realizado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
El percance se registró cuando las víctimas circulaban por dicha vía estatal, donde los cuatro ocupantes fallecieron a consecuencia del impacto. Tras el hecho, personal de la Fiscalía acudió al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Servicio Médico Forense.
En el SEMEFO se llevaron a cabo las necropsias de ley y se integró la documentación correspondiente para la posterior liberación de los cuatro cuerpos a sus familiares.
Una vez concluidos los procedimientos forenses, los restos de los cuatro fallecidos fueron entregados a las funerarias contratadas por las familias. Las empresas recibieron los cuerpos dentro de bolsas fúnebres cerradas y etiquetadas con los nombres correspondientes.
Sin embargo, al iniciar los trabajos de embalsamamiento comenzaron a surgir dudas entre los familiares, quienes notaron inconsistencias y sospecharon que algunos de los cuerpos no correspondían a sus seres queridos.
Ante la situación, los afectados notificaron de inmediato a las autoridades para revisar la identificación de los cuatro hombres fallecidos en el accidente.
Personal de la Fiscalía acudió a las funerarias y procedió a retirar nuevamente los cuerpos para llevar a cabo una verificación detallada.
Durante la revisión se detectaron errores en la documentación y en la identificación, lo que derivó en una nueva revisión para confirmar la identidad correcta de cada uno de los cuatro fallecidos.
Una vez aclarada la situación, los cuerpos fueron nuevamente entregados a las funerarias correspondientes, aunque el proceso provocó retrasos en los servicios funerarios y generó molestia entre las familias.
Posteriormente, la Fiscalía General del Estado informó que inició investigaciones para esclarecer las irregularidades detectadas durante el proceso de identificación y entrega de los cuatro cuerpos, además de separar de sus funciones a servidores públicos involucrados mientras se desarrollan las indagatorias.