Guanajuato, Gto.— Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), manifestaron su inconformidad ante planteamiento contenido en el dictamen relativo a la iniciativa de Morena que busca reducir de 35 a 25 el número máximo de estudiantes por grupo en educación básica.
En la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, la diputada Marisa Ortiz, dejó claro que la postura del GPPAN exige que cualquier modificación legal esté respaldada por evidencia, infraestructura, docentes y recursos suficientes para hacerla realidad.
“No estamos en contra de reducir el número de alumnos por grupo. Estamos a favor de mejorar las condiciones en las que aprenden nuestras niñas, niños y adolescentes”, sostuvo Ortiz Mantilla.
Durante su posicionamiento, la diputada planteó una pregunta central para la discusión: ¿qué evidencia existe de que establecer 25 alumnos por grupo, por sí mismo, garantiza una mejor educación?.
La legisladora subrayó que la calidad educativa es mucho más amplia que una cifra establecida en la ley. Para garantizar mejores aprendizajes, dijo, se necesitan escuelas suficientes, docentes, infraestructura digna, materiales y condiciones que permitan a niñas, niños y adolescentes acceder y permanecer efectivamente en el sistema educativo.
Los resultados de la Recopilación de Información para la Mejora de los Aprendizajes 2025, mismos que forman parte de la propuesta de dictamen, señalan que los grupos con menor matrícula no necesariamente registran mayores porcentajes de logro académico, por lo que el tamaño del grupo no constituye, por sí solo, un factor determinante del desempeño educativo.
Además, el documento dimensiona el reto presupuestal: reducir el máximo de estudiantes por grupo podría requerir al menos 15 mil aulas adicionales, con una inversión estimada de 16 mil 500 millones de pesos, además de alrededor de 19 mil nuevas plazas docentes y aproximadamente 8 mil 500 millones de pesos anuales para atender esas necesidades de personal.
Por ello, la legisladora sostuvo que la ruta debe construirse en sentido inverso: primero realizar un diagnóstico serio, identificar las necesidades de cada comunidad educativa y garantizar la capacidad financiera y material del estado; después, avanzar de manera gradual y responsable hacia grupos más pequeños.
“No podemos empezar poniendo una meta en el papel y después averiguar cómo vamos a cumplirla”, sostuvo.