Irapuato.-La diputada local de Morena, Hades Aguilar, acompañada por representantes de centros de rehabilitación, advirtió sobre el incremento de las adicciones en Guanajuato y la necesidad de contar con una Ley estatal en la materia, ante el papel que actualmente desempeñan los anexos en la atención de esta problemática.
Durante el posicionamiento, se expuso que el crecimiento del narcomenudeo en la entidad ha sido significativo, con un aumento superior al 582% entre 2015 y 2025, al pasar de 3 mil a 20 mil carpetas de investigación, de las cuales 20 de cada 100 casos se concentran en Guanajuato.
Los representantes señalaron que este escenario ha ampliado el acceso a drogas, incluso entre menores de edad, mientras que los centros de rehabilitación han asumido la atención ante lo que consideran una falta de respuesta institucional.
En ese contexto, se destacó que los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) agrupan al menos 150 anexos dedicados al tratamiento de adicciones en la región.
Asimismo, se planteó la necesidad de establecer reglas claras de operación, así como mecanismos que regulen el consentimiento de los usuarios y den voz a las familias dentro de los procesos de rehabilitación.
Por su parte, Nicolás Pérez Ponce, líder del CRUB manifestó preocupación por las acciones de autoridades ya que derivan en señalamientos legales y cierres de centros.
“Nosotros ya nos acostumbramos a vivir con temores, tenemos una lucha de 8 años, desde los ataques, nos empezamos a organizar y visitar municipios, en ese tiempo estaba el presidente Ricardo Ortiz, le dijimos que había un grupo y nos dijo que iban a checar”.
“Luego se dio el ataque con 34 personas desvividas, y fue una cacería de brujas, pidiendo el uso de suelo, hay situaciones que no damos con la madeja, se enfocan solo en el permiso municipal”, dijo Nicolás Pérez.
Los representantes de anexos insistieron en que la problemática de las drogas en el estado es grave y que la falta de una ley específica de prevención y atención ha dejado vacíos que ellos han tenido que cubrir.
Pérez Ponce también solicitó condiciones de seguridad para operar, al señalar que una parte importante de las personas que atienden presenta antecedentes o contextos complejos, lo que incrementa los riesgos.
Finalmente, advirtió que el cierre de centros de rehabilitación limitaría las opciones de atención para personas con adicciones y sus familias como ocurrió en la Ciudad de México.
“Hay una omisión del gobierno, es un tema peligroso, en México cerraron 160 grupos, nos reunimos con la gobernadora Delfina y quitaron los sellos, pero a las personas detenidas no nos las dan, son cinco detenidos, estamos recibiendo el apoyo del equipo de Morena”, acotó.