CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) informó que, con fundamento en los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 20 y 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atraerá las investigaciones que realiza en el fuero común la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua, relativas al desvío de recursos públicos en beneficio de un Partido Político Nacional.
A partir de ahora la FEPADE está en espera, de que la fiscalía de Chihuahua en el marco de la ley, remita las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en materia penal electoral.
Lo anterior, aseguró el Fiscal Héctor Díaz-Santana Castaños durante un breve mensaje a medios, es posible debido a la vinculación jurídica entre posibles delitos locales y federales que muestra el proceso de investigación, mismos que “fueron denunciados ante la FEPADE por diferentes Partidos Políticos nacionales, con ello se continuarán las investigaciones con apego a derecho y de forma integral, en especial, lo relativo al posible desvío de recursos federales y estatales para apoyar a un partido político”.
Las razones de la atracción, explicó el Dr. Díaz-Santana, son que el organismo a su cargo tiene competencia para actuar cuando se destinen apoyos ilegales hacia un partido político nacional aun cuando los recursos sean estatales.
La facultad de fiscalización de los partidos políticos es exclusivamente federal y no reportar ingresos constituye una conducta que obstaculiza la función electoral. La Fiscalía tiene la obligación de investigar en materia penal electoral ante las denuncias que presentaron dos partidos políticos nacionales.
El Poder Judicial de la Federación resolvió en dos procesos penales en curso, que los actos de apoyo y destino de bienes públicos por parte de integrantes del gobierno de Chihuahua a favor de un partido político sí son de competencia federal.
De acuerdo con las autoridades de Chihuahua, César Duarte desvío de cerca de mil 200 millones de pesos.
El ex mandatario priísta habría desviado ilícitamente 379 millones de pesos en efectivo, a través de un contrato de servicios, a las instalaciones de una constructora, los cuales se suman a los 250 millones de pesos que desvió hacia las arcas del PRI nacional.