Guanajuato, Gto. – La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo a restablecer de inmediato los servicios de la totalidad de los kioscos digitales suspendidos desde el 2 de octubre de 2026, así como garantizar la protección de los datos personales y la continuidad de la atención a la ciudadanía, y, en su caso, determinar responsabilidades de personas servidoras públicas y aplicar las sanciones, penas e indemnizaciones correspondientes a la empresa Zona Zero, S.A. de C.V.
En el documento se expone que la interrupción del servicio ocurrió después de un incidente informático y que, de acuerdo con información periodística divulgada, dejó fuera de operación a 147 kioscos para trámites gubernamentales y, posteriormente, se reportó la inactividad de 191 equipos en total, incluidos módulos Placa Express del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG).
Asimismo, se advierte que esa situación dificulta el acceso a trámites como la impresión de actas de nacimiento y el pago de impuestos, además de generar traslados y gastos adicionales para las personas usuarias. Por ello, planteó que la recuperación de los equipos se acompañe de alternativas de atención accesibles, especialmente para quienes tienen dificultades de conectividad o requieren asistencia presencial.
En el texto se propone determinar el alcance del incidente y adoptar medidas administrativas, físicas y técnicas para proteger la información personal, y consideró necesario investigar las causas de la suspensión y deslindar responsabilidades, sin prejuzgar sobre posibles faltas de las personas servidoras públicas o del proveedor.
De igual manera, se pide revisar el cumplimiento de los contratos celebrados con la empresa Zona Zero, S.A. de C.V., a la que se le adjudicaron seis contratos por un monto total de 662 millones 730 mil 631 pesos, y que, en caso de acreditarse incumplimientos atribuibles a la empresa, se le apliquen las penas contractuales, garantías e indemnizaciones correspondientes; mientras que, si se identifican responsabilidades de servidores públicos, se promuevan las sanciones ante las autoridades competentes.
Finalmente, se sostiene que la restitución del servicio, la protección de los datos personales y la rendición de cuentas deben atenderse de manera conjunta, a fin de garantizar la continuidad de los trámites y el adecuado uso de los recursos públicos.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
