CATALUÑA, ESPAÑA. – Miles de personas votaron hoy en el referéndum de autodeterminación en Cataluña pese a los esfuerzos de la Policía por impedir el acceso a los locales electorales y el voto del pueblo español.
La tensión entre los ciudadanos que intentan sufragar (y otros que ya lo han hecho) y las fuerzas policiales ha provocado varios incidentes.
La policía ha tratado de impedir que los ciudadanos voten en el referéndum unilateral de independencia en Cataluña.
Según fuentes oficiales, el saldo de personas heridas es de 844, entre los cuales se incluyen los atendidos por ataques de ansiedad y por irritaciones por gas. No se precisa cuántos han sufrido heridas físicas ni de qué alcance, aunque en su inmensa mayoría son leves. Los incidentes también han provocado que varios agentes fueran agredidos. En total, 33 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han resultado heridos este domingo al tratar de acceder a los colegios electorales para requisar las urnas, según fuentes de Interior.
El vocero de la Generalitat, Jordi Turull, pidió a los heridos que denuncien los incidentes ante los Mossos d’Esquadra, la Policía autonómica de Cataluña. En la misma comparecencia, el responsable de Exteriores de la región, Raül Romeva, anunció que el Gobierno catalán “iniciará contactos con la Unión Europea (UE) por vulneración de derechos fundamentales”.
La Policía tenía orden de impedir que se votara en la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional y considerada ilegal por el Gobierno central de Mariano Rajoy.
En una comparecencia previa, el jefe del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, acusó a las fuerzas de seguridad españolas de utilizar la “brutalidad” y “violencia injustificada”.
A las 9:00 de la mañana, hora en la que debía comenzar la votación en el referéndum catalán, los cascos negros de la Guardia Civil avanzaron entre las personas que esperaban la apertura de las mesas en la escuela Infant Jesús de Barcelona, con la intención de prohibir que se lleve adelante la consulta popular que el gobierno nacional considera ilegal.