CARACAS.- La oposición venezolana busca acortar por medio de una vía legal el mandato del presidente Nicolás Maduro, aunque reconoce el riesgo de que esa medida sea bloqueada por la justicia de ese país inmerso en una crisis institucional.
En los próximos días tendremos que ofrecer ya una propuesta concreta de salida a esta desgracia nacional que es el gobierno”, advirtió el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Henry Ramos Allup.
La oposición prometió presentar en un plazo de seis meses, a partir del 5 de enero cuando asumió el control del Legislativo, una “vía constitucional” para acortar el mandato de Maduro, quien en abril cumplirá la mitad de su periodo de seis años.
Pero el jefe parlamentario dijo que ahora la propuesta es apremiante, porque la crisis se está acelerando. “Los tiempos los pone la necesidad del país”, subrayó.
La oposición evalúa la posibilidad de una enmienda constitucional o un referendo revocatorio, pero deberá buscar los mecanismos legales para evitar que sean bloqueados por el TSJ, al que acusa de estar alineado con el gobierno.
Ramos Allup dijo estar seguro de que a cualquier propuesta del Congreso, el TSJ “va a decir que es inconstitucional”, pero señaló que éste no podrá sostener a un gobierno agónico. “Ellos creen que están ganando el juego, pero se equivocan”, desafió Allup.
No estamos resolviendo una cuestión sencilla ni simple. Tenemos que ponernos de acuerdo en el medio más eficaz, más eficiente, menos gravoso, más simple… Y vamos a dar con el método, no tengan duda”, agregó.
Las tensiones políticas entre los poderes del Estado aumentaron después de que el TSJ declarara el jueves pasado legal y vigente Decreto de Emergencia Económica del presidente Maduro.
El dictamen se produjo casi tres semanas después que la Asamblea Nacional controlada por la oposición rechazó dicho decreto que fue propuesto por Maduro para hacer frente a la crisis económica.
Además, Ramos Allup, consideró ayer “inconstitucional” la decisión del Tribunal TSJ de mantener en vigor el Decreto de Emergencia Económica del gobierno, la cual el Parlamento había rechazado.
La emergencia permite al gobierno disponer de algunos bienes del sector privado para garantizar el abastecimiento de productos básicos, en grave escasez, lo que según la oposición abre las puertas a nuevas expropiaciones.
También fija límites al ingreso y salida de moneda local en efectivo, algo que sus detractores denuncian como un “corralito” que impediría a los ciudadanos disponer de sus recursos.
Ramos Allup anunció que denunciará internacionalmente, ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias, el fallo del Supremo que deja sin efecto la decisión de la AN.
Si antes algunos pensaron que el lapso de seis meses que nos habíamos dado (a partir del pasado enero) para buscar una solución democrática, constitucional, pacífica y electoral (…) resultaba casi apremiante, hoy nadie duda que ese lapso de seis meses es demasiado largo”, subrayó.
El legislador sostuvo que “dentro del propio gobierno hay un movimiento cada vez más fuerte y cada vez más creciente para pedirle la renuncia a Nicolás Maduro’’, aunque sin presentar pruebas de la existencia del movimiento.
Maduro que alcanzará en abril la mitad de su mandato de seis años anunció la noche del jueves que con la activación del decreto por parte del Tribunal Supremo aprobará en los próximos días una serie de medidas pero no ofreció detalles.
Algunos medios indicaron que el gobierno estaría considerando un ajuste del control de cambios vigente desde 2003 y un eventual aumento del precio de la gasolina que se vende en cerca de un centavo de dólar el litro y es la más barata del mundo.
El gobernante aprobó a mediados de enero el decreto para hacer frente a la crisis que considera es consecuencia de una “guerra económica’’ promovida por sectores empresariales y opositores para desestabilizar su gobierno.
La mayoría opositora del Congreso desaprobó el 22 de enero el decreto alegando que el mandatario no necesitaba ninguna normativa especial debido a que las leyes vigentes eran suficientes para afrontar la crisis económica.