Guanajuato.-Vicente Díaz Quiñones, representante de la CNTE en el estado, exigió a la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) que no malinterprete y no le dé un giro a la Ley para una Convivencia Libre de Violencia luego de que, en este año, 29 profesores fueron sancionaos por ser generadores de violencia, lo que derivó en extrañamientos, ceses sin goce de sueldo y separaciones del cargo, pese existir casos que eran conciliables.
En entrevista, el líder del Movimiento de Bases Magisteriales, expresó que no es válido que el maestro y el personal de apoyo tengan que asumir una responsabilidad, que si no la llevan cabo como se indica, se les aplique una sanción en su contra.
Por ello, expresó que la SEG, en vez de pregonar la sanción a 29 maestros en este 2022, tiene que buscar las alternativas para que no se dé la aplicación de sanciones en asuntos catalogados como no graves.
“El hecho de tener un asunto no grave implica una duración que dura hasta seis meses, donde esta investigación va en detrimento de la parte laboral de los maestros, porque se enfrascan en esta investigación y en el otro sentido buscan a todas luces buscar a un culpable”, dijo.
Vicente Díaz declaró que la SEG tiene que entender que en el entorno escolar hay asuntos conciliables y no conciliables.
En el caso de los no conciliables, declaró que se tienen que aplicar todos los protocolos habidos y por haber, para la protección de los estudiantes.
“Pero en el caso de los asuntos conciliables tienen que dejarnos a los directores y a los supervisores que se solucione esta presunta violencia escolar para que no se afecten los planteles educativos, cuando hay un asunto grave tenemos que proteger a los estudiantes y retirar de su función al maestro y al personal de apoyo o en este caso al personal directivo, en caso de efectuar violencia escolar grave”, añadió.
Vicente Díaz Quiñones dejó en claro que en los asuntos catalogados como no graves o conciliables, no es necesario separar del cargo al profesor o al personal de apoyo involucrado en un hecho, ya que no lo estipula la Ley para una Convivencia Libre de Violencia, la que aseguró es inoperante y que solo sirve para deslindar responsabilidades.