Irapuato.- Luego de que el Juzgado Noveno de Distrito concedió la primera suspensión provisional contra el decreto presidencial que establece la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional ante una demanda de amparo promovida por diversas organizaciones de la sociedad civil, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, aseguró que es importante que la ciudadanía actúe en lo individual y sumándose a las acciones colectivas.
Entrevistada en Irapuato, la legisladora reconoció que Guanajuato es un estado con muchos problemas de seguridad pública donde la presencia de las fuerzas es importante.
Sin embargo, recalcó que la población ha solicitado otro camino para que se resuelvan estos problemas ,como por ejemplo, que las fuerzas armadas entren de manera extraordinaria.
“Pero que se fortalezcan los cuerpos civiles de seguridad y de ellos, la Guardia Nacional que surgió con este gobierno y que todos estuvimos de acuerdo en que se hiciera, el gobierno la pidió y dijimos adelante, vamos a hacerla pero en cinco años tiene que haber un programa de retiro gradual, me parece importante que los ciudadanos actúen y cada vez más lo están haciendo”.
Patricia Mercado reconoció que desde Guanajuato se haya puesto esta semilla de inconformidad de militarizar el país y añadió que los grupos parlamentarios que votaron en contra de esta reforma ya pusieron una acción de inconstitucionalidad por lo que se está actuando e influyendo para que se cambie la política pública de seguridad al no haber resultados.
“Y es arriesgado dejarle toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas porque después de ellos no hay nada más, para regresar la paz del país y a los estados , después de ellos no hay nada”.
La senadora de Movimiento Ciudadano dijo que las fuerzas armadas tienen que entrar cuando la situaciones se compliquen en los municipios o en los estados del país, pero no hacerse cargo de toda la seguridad.
La organización civil Uniendo Caminos México detalló que otras organizaciones como Unión Cívica 1País, Firma Jurídica, AC&AC Asociados, Tojil Eek, en conjunto con la participación de la sociedad civil, interpusieron 53 amparos colectivos en contra del citado decreto presidencial.
El juez fijó para el próximo 7 de noviembre la audiencia constitucional en la que se determinará si se concede o no la suspensión definitiva al decreto.
