IRAPUATO, GTO.- Luego de que, en un anexo del municipio de Cuerámaro, la Fiscalía del Estado liberó a 36 personas que estaban secuestradas y detuvo a nueve sujetos como responsables, el presidente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), Nicolás Pérez Ponce, dijo que los operativos en estos lugares tienen que ser más constantes y que las autoridades cierren los espacios donde se encuentren anomalías.
En entrevista, comentó que, si las autoridades hicieran caso a los reportes, esto no pasaría en los anexos instalados en la entidad, pero advirtió que es un problema que va a crecer, ante la injerencia que tiene el crimen organizado en diversos aspectos.
“El crimen organizado antes solo se dedicaba a una cosa, solo a una cosa, pero han dejado que crezca, ya empezaron a cobrar cuotas a los comerciantes, no tienen el valor de frenarlos, las autoridades, parece que tienen solo un fin personal”, detalló.
Nicolás Pérez Ponce expresó que el gobierno del estado es responsable de la violencia que se vive en Guanajuato y no el gobierno de la república; advirtió que el CRUB no parará en sus acciones para frenar la drogadicción.
Pero, al mismo tiempo solicitó el apoyo de las autoridades, para que revisen los anexos y clausuren todos los centros de rehabilitación que están operando de manera ilegal o donde se encuentren anomalías.
“Que cuando haya alguna anomalía no lo dejen trabajar, ya nos percatamos que cuando hubo los muertos en Irapuato, las autoridades implementaron el requisito del uso de suelo, que de nada sirve, con eso no se frenan las malas práctica”.
“Hay centros que tienen toda la documentación, pero el problema no son los permisos, el problema es quienes están al frente, le pedimos al gobierno del estado que pidiera un curriciulum al encargado, quién es y por qué lo va a abrir”, añadió.
El presidente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío pidió a las autoridades que no ignoren sus peticiones ya que muchas cosas se podrían prevenir en los anexos que operan en los municipios.
