Guanajuato, Gto. – La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena, presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a realizar una auditoría integral al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (FIDESSEG), que abarque la totalidad de los recursos ejercidos, se auditen los ejercicios fiscales 2020, 2021 y concomitante a 2022, y que la inicie antes del 16 de junio de 2022.
La congresista señaló que el FIDESSEG, era un fideicomiso que se encuentra sectorizado a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato y que había surgido explícitamente como un acuerdo entre las cúpulas de un sector empresarial y el gobierno en turno para aceptar una subida al Impuesto Sobre Nóminas que en ese momento modificó su tasa de un 2% a un 2.3%, incremento que se aceptó con la condición de que todo lo recaudado se ejerciera mediante un fideicomiso.
Asimismo, hizo un recuento de los montos recaudados y precisó que para 2021, el presupuesto modificado ascendió hasta los 607.2 millones, de los cuales únicamente se ejercieron 162.8 millones de pesos, es decir, apenas el 26.8%, y subrayó que, hasta el momento se han ejercido 606 millones de pesos mediante el FIDESSEG, sin que la cuenta pública especifique qué obras, programas o acciones se llevaron a cabo, con qué resultados, con qué contratistas, ni con qué intereses de por medio.
“Uno de los problemas fundamentales de operar los recursos públicos mediante fideicomisos se encuentra en su carácter contractual que implica la carencia de personalidad jurídica del instrumento financiero, por lo cual la mayor parte de reglamentación jurídica que se le aplican son normas de derecho mercantil, y puesto que en el derecho privado todo lo que no está expresamente prohibido se asume permitido, se genera un riesgo de deficiencias en la rendición de cuentas”, enfatizó.
Alcaraz Hernández argumentó que en el caso particular de la estructura institucional que se construyó para el funcionamiento del FIDESSEG, se presentaban grandes espacios de oportunidad para el mal ejercicio de recursos públicos. Agregó que sumado al ejercicio presupuestario y a la cuestionable estructura institucional del fideicomiso, era pertinente señalar que existían deficiencias y desapego a la normativa dignas de investigarse.
Finalmente, subrayó que todo lo anterior se sumaba al problema de origen del fideicomiso, no es legítimo, dijo, regresar a los empresarios los impuestos que se les cobran para que ellos mismos administren lo recaudado, y que eso vulneraba el carácter unilateral de las contribuciones sin que necesariamente se acredite que dichos recursos se están ejerciendo en favor del interés público.
El punto de acuerdo fue remitido a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su dictaminación.