Guanajuato.- La diputada local del PRI, Yulma Rocha Aguilar, recibió una sanción por parte de la coordinación de su grupo parlamentario en el Congreso, por votar en contra de la reforma que buscaba ampliar el tiempo de actuación de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, por lo que le retirarán los apoyos administrativos y económicos para el desempeño sus funciones legislativas.
Lo anterior, luego de que incumplió con una línea partidista, por lo que anticipó que también le traerá consecuencias al interior del PRI, las que aseguró, enfrentará.
La legisladora irapuatense afirmó que es importante que ya se empiece a hablar sobre la línea que existe entre la disciplina partidista y la libertad política.
En un comunicado, argumentó que la decisión de votar en contra de la militarización fue un acto en ejercicio de su autonomía como diputada, pero también por convicción, por responsabilidad, y en congruencia con el Programa de Acción Priista que indica como un retroceso el hecho de que la seguridad pública debe ser una tarea del Ejército.
Recalcó que ser castigada por ejercer su derecho y defender sus principios es un acto arbitrario e ilegal que busca limitar y menoscabar el ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo de diputada.
Yulma Rocha precisó que utilizar los recursos públicos como un instrumento de represión, coacción o amenaza política para restringir derechos es un acto perverso e ilegal y es un indicador de descomposición institucional y política.
La diputada reveló que estará emprendiendo las acciones necesarias al interior del Congreso y ante las instancias que correspondan para que se respete su autonomía como diputada y la capacidad para tomar decisiones.
La política enfatizó que los principios de libertad y lealtad no son excluyentes, pero cuando solo queda la disciplina, el debate se elimina y la pequeñez política prevalece.
La semana anterior, en medio de una manifestación, el pleno del Congreso del Estado de Guanajuato, de mayoría panista, no aprobó la reforma constitucional para que el ejército ayude en tareas de seguridad hasta el año 2028.