GUANAJUATO, Gto.- Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, es una “prioridad el combate frontal a la corrupción; reconocemos la desconfianza de la sociedad ante este mal que impera en el país, y su combate lo asumimos con el compromiso de la ciudadanía”.
Así lo declaró el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso local, diputado Ricardo Torres Origel al término de la reunión donde se abordó la metodología para el avance del Sistema Estatal Anticorrupción.
El legislador panista precisó que más allá de una ley, lo que se busca es la creación de todo un sistema que incluirá reforma y adiciones a varios artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
La propuesta, que fue presentada por el Grupo Parlamentario del PAN en el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal, persigue institucionalizar en el estado nuevos esquema o mecanismos, los cuales en consisten en fortalecer un sistema estatal anticorrupción entre instituciones que, de manera armónica y sistemática, vengan a consolidar ese objetivo plasmado en las reformas a la Constitución Política Federal de mayo de 2015.
Cabe señalar que dentro de la metodología aprobada, se contempla realizar 4 foros regionales, abiertos a la ciudadanía en general e invitando primordialmente a las contralorías municipales, colegios de abogados y organizaciones civiles. Estos se llevarán a cabo en los municipios de Celaya, Moroleón, San Luis de la Paz y León.
Además, se solicitó al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso local la elaboración de un estudio sobre las Leyes que se impactarían con esta reforma.
Finalmente, se aprobó el dictamen en sentido positivo de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.