Guanajuato, Gto. – Las diputadas y los diputados que integran las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud sesionaron este día para dar seguimiento a dos iniciativas de reforma en materia de interrupción del embarazo.
Se trata de la propuesta presentada por el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo para modificar el Código Penal, la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito, la Ley de Salud del Estado de Guanajuato y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como de la presentada por la diputada María Magdalena Rosales Cruz y el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo para reformar el Código Penal sobre el mismo tema.
Al respecto, la presidenta de las Comisiones Unidas, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, puso a consideración de sus homólogos el calendario para llevar a cabo mesas de trabajo, a través del formato de videoconferencia, con diversas asociaciones, el cual quedó de la siguiente manera: asociaciones proaborto, miércoles 20 de mayo, 9:00 horas; asociaciones provida, viernes 22 de mayo, 9:00 horas; funcionarios públicos lunes 26 de mayo, 11:00 horas; y sesión de las Comisiones Unidas el martes 26 de mayo, 9:00 horas.
El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo pidió no calificar como provida y abortistas a las asociaciones, ya que consideró que no era correcto porque ambas posturas eran respetables. Asimismo, señaló que las iniciativas se tenían que discutir con calma y en un contexto distinto al que actualmente se tenía por la pandemia, por lo que se tenían que proponer más fechas, al ser este tema relevante para las mujeres en la entidad, y esperar para que las sesiones fueran presenciales.
En respuesta, la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá subrayó que sin duda era un tema relevante, como todos los asuntos que en el Congreso de discutían, pero que ya se había aprobado previamente la metodología y sólo se le estaba dando seguimiento, teniendo pendiente, ese ese sentido, el acordar las fecha. Además, apuntó que el tema de la pandemia era incierto y no se podía detener el trabajo legislativo, por ello las reformas que se aprobaron en el Congreso local.
Por su parte, el congresista Jaime Hernández Centeno precisó que no era discriminatorio el utilizar los términos proaborto y provida porque era darle su lugar a cada gremio para revisar de una forma ordenada y respetuosa de sus temas.
En una segunda intervención, el legislador Ernesto Alejandro Prieto Gallardo apuntó que no había prisa para acelerar las mesas de trabajo y en próximas semanas poder llevarlas a cabo de manera presencial, por lo que reiteró su petición de esperar y darles mayor tiempo a cada una.
Prieto Gallardo también se refirió a la opinión emitida por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso local, la cual calificó como unilateral y poco objetiva, por lo que solicitó se hiciera una invitación a dicho instituto para no emitir opiniones sesgadas.
En su intervención, el diputado Raúl Humberto Márquez Albo manifestó que el que estaba a consideración era un tema controversial y existían dos corrientes en ese sentido, por lo que resultaba esencial que no se dieran reuniones de manera virtual, ya que los interesados deseaban ser escuchados y había varios grupos que querían manifestar su pensar en estos temas.
Márquez Albo resaltó que se debían abrir las puertas al diálogo de los ciudadanos, por lo que apoyó la propuesta para que las mesas fueran presenciales y no un único día para cada grupo. Señaló que la mesa con funcionarios se podía llevar a cabo por ser un asunto más técnico y jurídico, y recordó que en los trabajos de análisis de las leyes de búsqueda de personas y de víctimas la metodología se estuvo ajustando para enriquecerlas. “Realicemos las mesas en agosto para que las participaciones de los ciudadanos sean presencialmente”, enfatizó.
En su participación, el congresista Luis Antonio Magdaleno Gordillo indicó que sería irresponsable de su parte juntar gente donde se podrían dar contagios y no se podía retrasar el trabajo legislativo, por lo que tenían que laborar en las circunstancias que se estaban presentando en el momento, las cuales nadie pidió, pero se tenían que aceptar. Agregó que por mucho que se cuidara la sana distancia en las mesas, no podían controlar ni estar seguros de que el traslado se haría en las mismas condiciones, por lo que podía repercutir en el rebrote de la pandemia.
En su intervención, la congresista María Magdalena Rosales Cruz apuntó que era un tema delicado en donde había posiciones muy diferentes unas de otras y que las propuestas que hacían sus homólogos permitirían esperar a que hubiera una mayor discusión y participación de la gente.
El diputado Jaime Hernández Centeno recordó que su homólogo Isidoro Bazaldúa Lugo manifestó su inquietud porque se estudiaran las propuestas, de lo contrario llevaría el tema a otras instancias y también se estaba dando atención a ello.
Finalmente, el congresista Ernesto Alejandro Prieto Gallardo mencionó que la red de movimiento feministas había presentado su opinión el 13 de abril y en la información que se les hizo llevar no aparecía, por lo que enfatizó que se estaba notando un sesgo a favor de una de las posturas y eso no abonaba al debate legislativo, y que en el trámite deberían tener una postura imparcial, por lo que le preocupaba ese manejo y que para no generar una parcialidad notoria pedía ampliar las mesas y que fueran presenciales. +
La propuesta de metodología se aprobó por 7 votos a favor y 3 en contra.
En los trabajos de las Comisiones Unidas estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá -presidenta de las Comisiones Unidas-, Vanessa Sánchez Cordero, Alejandra Gutiérrez Campos, Jéssica Cabal Ceballos, Katya Cristina Soto Escamilla y Emma Tovar Tapia; así como los diputados Raúl Humberto Márquez Albo, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Jaime Hernández Centeno y Luis Antonio Magdaleno Gordillo. Se contó con la presencia de la congresista María Magdalena Rosales Cruz.