Guanajuato, Gto.- Durante la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública se aprobó la realización mesas de trabajo para analizar propuestas del Grupo Parlamentario del PAN y la Representación Parlamentaria del PRD para fortalecer el funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y garantizar el derecho a la vivienda de las y los guanajuatenses.
Para la iniciativa de la reforma al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se aprobó la realización de una mesa de trabajo para el 13 de mayo con la participación de diputadas y diputados, Secretaría del Agua y Medio Ambiente (Sama), Consejería Jurídica, el Instituto de Investigaciones legislativas asesores y asesoras de la Comisión y la secretaría técnica.
Al tratarse de infraestructura básica para la salud pública, cuidado del medio ambiente y la seguridad hídrica, con esta propuesta se busca que se implementen acciones para garantizar que las plantas de tratamiento en la entidad operen de manera continua y eficiente.
Por otra parte, para la expedición de la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos del Estado de Guanajuato y sus Municipios se aprobó la realización de otramesa de trabajo el 20 de mayo con la participación de varios municipios, el Supremo Tribunal de Justicia, Secretaría del Nuevo Comienzo, Secretaría de Finanzas, Iplaneg, Consejería Jurídica, Instituto de Investigaciones Legislativas, la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Delegación Guanajuato, asesores y asesoras de la Comisión y la secretaría técnica.
Esta Ley busca garantizar la prevención ante desalojos, así como esquemas de regularización para garantizar el derecho a la vivienda.
Con estas iniciativas, el GPPAN reafirma su compromiso de impulsar una agenda legislativa integral que coloca en el centro la protección efectiva de la calidad de vida de las personas, garantizando el ejercicio pleno de derechos humanos fundamentales como el acceso al agua y a una vivienda digna, bajo criterios de sostenibilidad, equidad y responsabilidad instituciona.