GUANAJUATO, GTO.- En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso recibió las 46 iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2018 las cuales fueron remitidas a Comisiones para su análisis.
A la Comisión de Justicia se turnó la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PRD, para reformar el Código Civil con el objeto de eliminar la lista de personas a quien debe dejárseles alimentos en el testamento, que fue presentada en el apartado de asuntos generales de la pasada sesión.
De igual manera, se presentaron los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas de Tarimoro y Xichú (julio-diciembre 2015); y de Cortazar, Tarimoro y Xichú (ejercicio fiscal 2016), los cuales se enviaron a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su análisis.
Por otro lado, se aprobaron los informes de resultados de la revisiones practicadas a las cuentas públicas del Instituto Electoral del Estado (ejercicio fiscal 2016), del Poder Ejecutivo (1er. y 2do. trimestres 2015), del Poder Legislativo (ejercicio fiscal 2016) y del municipio de Pueblo Nuevo (enero-junio 2015); así como de las auditorías de desempeño practicadas a Abasolo, Comonfort, Coroneo, Cuerámaro, Jaral del Progreso y Pueblo Nuevo, por el ejercicio fiscal 2016.
También se archivó la iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, que tenía como propósito de la creación de la policía rural en el Estado.
En este punto la diputada Irma Leticia González Sánchez hizo uso de la tribuna para hablar en contra. Dijo que diversos organismos han declarado la necesidad de generar la policía rural, ya que con las divisiones con las que actualmente cuentan las fuerzas de seguridad estatales no han logrado que la incidencia delictiva se mantenga en niveles bajos.
La legisladora aseguró que el archivo de la iniciativa se fundó en un oficio de la Secretaría de Seguridad Pública que se limitó a comentar que la problemática de inseguridad se encontraba debidamente atendida por las autoridades en la materia, y que el análisis de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso no desprendía elementos técnicos claros y objetivos que indicaran el costo real que implicaría para el estado la creación dicho cuerpo policíaco.
En rectificación de hechos, el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo habló sobre el trabajo desarrollado en la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, y dijo que la iniciativa planteada no resolvía el problema. Asimismo, precisó que la diputada no se había presentado durante el análisis de la iniciativa a presentar alguna defensa del tema.
Bazaldúa Lugo destacó que la citada comisión ha trabajado de manera responsable e invitó a sus homólogos que estuvieran interesados en aportar y resolver la problemática que afecta a la entidad, a hacer lo que les corresponde desde su trinchera juntos, sin politizar el tema.