Guanajuato, Gto. – En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local aprobó la solicitud de ampliación de licencia al cargo de Diputado Local formulada por el diputado con licencia Israel Cabrera Barrón, para incorporarse a sus funciones el día 15 de junio de 2021.
Además, declaró revisados los informes de resultados de las revisiones practicadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a las cuentas públicas de Celaya, Acámbaro, Pénjamo, Guanajuato, Irapuato, San Luis de la Paz, Santiago Maravatío, Uriangato, Yuriria y San José Iturbide, todas correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
También, la Asamblea acordó el archivo definitivo de las siguientes propuestas: iniciativa de reforma a la Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato que proponía la transformación del Consejo Consultivo de Migración, en el Consejo Estatal de Migración y la creación del Centro Municipal para los Migrantes y sus Familias, del Consejo Municipal de Migración y del Sistema de Información del Fenómeno Migratorio del Estado; la iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado que pretendía atender en consulta psicológica a las familias guanajuatenses, con un enfoque preventivo y la propuesta legal para crear la Ley de Salud Mental para el Estado de Guanajuato.
Mismo trámite tuvo la propuesta de punto de acuerdo que planteaba exhortar al órgano de control del municipio de Salvatierra para que diera trámite y resolución a las denuncias promovidas por el Auditor Superior del Estado de Guanajuato para fincar las responsabilidades administrativas correspondientes, derivadas del dictamen técnico jurídico del informe de resultados de la auditoría específica practicada al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra.
La diputada María Magdalena Rosales Cruz habló en contra del dictamen y dijo que era una muestra de la tolerancia a la corrupción que acostumbraba el partido en el gobierno, pese a que la información mostraba que las responsabilidades civiles, penales y administrativas estaban paradas, y que la Comisión no había querido proceder, valorando que era más que suficiente que el presidente interino informara que se seguían analizando las responsabilidades correspondientes, aunque la evidencia mostraba que ni siquiera se habían presentado las acciones civiles ante la autoridad correspondiente.
“Hacemos un último llamado al juicio de las y los compañeros legisladores de los demás partidos políticos, para que no voten por consigna, para que rechacen este dictamen que sólo resta dignidad a la labor realizada por el Poder Legislativo del estado de Guanajuato”, finalizó.
Por su parte, la congresista Ma. del Rocío Jiménez Chávez habló a favor del dictamen. Mencionó que la propuesta presentada se orientó específicamente en exhortar al Contralor Municipal para que diera trámite y resolución a las responsabilidades administrativas derivadas de la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado; por lo que, si la proponente pretende ampliar o modificar sus términos, debe valorarse que ello no fue materia del estudio, una vez que de origen no fue planteado.
“En conclusión, queda demostrado que lo que propuso la diputada ya está cubierto por donde se vea, siendo que el ente al que quería hacer el llamado se dio por enterado, y si quería se diera trámite a las responsabilidades administrativas, ello ya fue evidenciado con las constancias respectivas”, acentuó.
El debate sobre el sentido del dictamen continúo entre la diputada María Magdalena Rosales Cruz y el diputado José Luis Vázquez Cordero.
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales se turnó para su dictaminación la iniciativa suscrita por el ayuntamiento de León para eliminar, de su Ley de Ingresos municipal, la tarifa correspondiente a la autorización de la evaluación de impacto ambiental en su modalidad intermedia.