Solicita se garanticen recursos para la gratuidad de la educación superior en la Universidad de Guanajuato

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Jueves, 8 de octubre de 2026, Solicita se garanticen recursos para la gratuidad de la educación superior en la Universidad de Guanajuato

Guanajuato, Gto. –  La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar a la rectora general de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López; a la Comisión de Vigilancia y al Consejo General Universitario, para que formulen, integren, dictaminen y aprueben el proyecto de presupuesto de la institución para 2027 con recursos suficientes para garantizar la gratuidad de la educación superior, previo a su remisión al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Finanzas.

Asimismo, exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a fin de que incluya en la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2027 una asignación presupuestaria suficiente para garantizar la gratuidad de la educación superior que imparte la Universidad de Guanajuato.

En el documento se señala que la gratuidad de la educación superior constituye un derecho reconocido en la Constitución y que requiere recursos públicos para hacerse efectivo, por lo que se consideró necesario que el presupuesto estatal para 2027 contemple el financiamiento correspondiente.

Se refiere que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 del INEGI, la falta de recursos económicos constituye una de las razones por las que personas de entre 18 y 24 años no asisten a la escuela. Añadió que, en Guanajuato, el abandono escolar en educación superior se ubicó en 6.9% durante el ciclo 2024-2025, por encima del promedio nacional de 5.1%.

En este contexto, se destaca que la Universidad de Guanajuato informó en agosto de 2026 que contaba con una matrícula de 48 mil 359 estudiantes en sus distintos niveles educativos, por lo que una política de gratuidad financiada y sostenible tendría impacto en un número importante de estudiantes del estado.

Finalmente se sostuvo que garantizar la gratuidad requiere una participación coordinada entre las autoridades universitarias y estatales, con el propósito de que el derecho reconocido en la legislación pueda traducirse en condiciones efectivas para el acceso, permanencia y conclusión de los estudios de educación superior.

Al hablar a favor de la obvia resolución, la congresista Hades Berenice Aguilar Castillo sostuvo una postura a favor de la gratuidad en la Universidad de Guanajuato, argumentando que la educación superior debe ser un derecho efectivo para las familias del pueblo y no un privilegio limitado por el costo de las inscripciones.

Agregó que el Congreso de Guanajuato ha incurrido en omisión al no presupuestar recursos para hacer efectiva la gratuidad, además de que la propia universidad no ha hechos las acciones pertinentes para garantizar el derecho a la educación superior de forma gratuita y obligatoria.

Finalmente, urgió a votar de inmediato el exhorto sin enviarlo a comisiones, recordando que la Universidad de Guanajuato debe enviar su propuesta de presupuesto a la Gobernadora el 22 de octubre, por lo que exigió que tanto la institución como el Ejecutivo estatal incluyan las partidas correspondientes en el próximo presupuesto de egresos en favor de la comunidad estudiantil.

Por su parte, el diputado David Martínez Mendizábal, después de detallar que él ha sido beneficiado por la educación pública a lo largo de su trayectoria, externó que es importante que la propuesta se efectúe y se resuelva positivamente, porque el recurso que destinan a la inscripción es muy importante para distintos aspectos de la vida escolar, como la alimentación, los materiales y la continuación de los estudios.

Al ser sometida a votación, la obvia resolución no fue aprobada, por lo que la propuesta se remitió a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictaminación del trámite correspondiente.