CELAYA, GTO; Una funcionaria del Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI), se encuentra suspendida de su cargo tras el desfalco de 2 millones de pesos del que fue objeto la paramunicipal.
En entrevista, el contralor municipal, Rubén Guerrero Merino, explicó que se trata de una medida cautelar que el área investigadora solicitó con base en lo que indica el artículo 124 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
Dijo que se trata de la persona que tenía bajo su resguardo los instrumentos bajo los que pudo haberse causado el daño al erario, es decir, el manejo de las cuentas bancarias.
Sin embargo aclaró, que dicha medida no representa que se haya demostrado su culpabilidad, sino más bien, es una forma de poner a salvo el recurso público.
Dijo que la medida “fue solicitada y obsequiada hasta donde tengo conocimiento, cuidando mucho salvaguardar los derechos humanos y laborales de esa persona, el conceder una medida cautelar, para nada quiere decir que se tiene acreditada una responsabilidad, es simplemente como su nombre lo dice a efecto de lograr nosotros salvaguardar en este caso, cualquier otro contacto que se pudiera tener con los instrumentos con los que aparentemente se causó el daño”.
Según Guerrero Merino, han sido al menos cuatro funcionarios los que han acudido a comparecer ante el área investigadora y que han solicitado información vía oficios a los bancos involucrados por lo que aún no concluye ese proceso, del que se pudiera determinar si alguna responsabilidad administrativa pesa sobre algún funcionario por el caso, de manera independiente a lo de la materia penal que ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).
Aunque dijo que la investigación del caso habrá de terminar antes de que concluya la administración actual el resultado podría trascender a la próxima.