Huntsville, Texas.- Roberto Moreno Ramos se convirtió en el doceavo mexicano en ser ejecutado en Estados Unidos y el undécimo en el Estado de Texas luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos negó las últimas apelaciones promovidas por el Gobierno Mexicano.
La ejecución se pospuso debido a que estaba programada a las 6 de la tarde de este miércoles tal y como ocurren las ejecuciones en Texas. Esto provocó confusión de medios internacionales quienes señalaron que había quedado suspendida, sin embargo no fue así. En realidad había sido sólo un retraso para que la corte analizara los últimos argumentos presentados por la defensa del mexicano. Fue declarado muerto a las 21:36 horas
Roberto Moreno Ramos fue acusado de haber asesinado a su esposa Leticia Ramos de 42 años en 1992 y dos de sus hijos; Abigail de siete años y a Jonathan de tan sólo tres años. Las autoridades texanas sostuvieron que tras el crimen, mintió a sus familiares al señalarles que habían fallecido en un accidente automovilístico, sin embargo días después los encontraron enterrados en la comunidad Progreso.
Tres días después del crimen, Roberto Moreno se volvió a casar. Cuando fue detenido, Moreno Ramos tenía cuentas pendientes en México.
De acuerdo al departamento de Prensa del Sistema de Justicia Criminal de Texas, donde permaneció Roberto Moreno purgando su sentencia durante 26 años, las últimas palabras del mexicano fueron: “Dios prepara mi carta de oro que voy para allá”. Su cuerpo será cremado y sus cenizas serán entregadas a su hijo para ser trasladadas a California.
Roberto Moreno Ramos había sido incluido por el Gobierno Mexicano en el caso Avena, donde la Corte Internacional de Justicia de La Haya resolvió que Estados Unidos había violado los derechos consulares de 51 mexicanos entre ellos 8 recluidos en Texas. Desde 2004 a la fecha, han sido ejecutados Ernesto Medellín en 2008, Rubén Cárdenas en 2017 y Roberto Moreno este miércoles.
La ejecución del mexicano originario de Aguascalientes se dio apenas 1 año y 6 días después de la del irapuatense Rubén Cárdenas, a quien le aplicaron la inyección letal pese a que hasta el último momento solicitó la realización de una prueba de ADN que en 1997 no se hizo para comprobar el delito que se le imputó por 20 años.