Guanajuato, Gto. – En sesión de la Comisión de Justicia se aprobó el dictamen de dos iniciativas de reforma al Código Penal estatal, en materia de cobranza extrajudicial ilícita.
Con esta modificaciones se entiende por cobranza extrajudicial ilícita, el uso de violencia o intimidación, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, en contra del deudor o de alguien con quien este se encuentre ligado por algún vínculo familiar, afectivo o que haya fungido como referencia o aval, para requerir el pago de un crédito o una deuda derivada de una obligación contenida en las leyes, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza.
Además, se agrega que la pena de prisión se incrementará de dos tercios del mínimo a dos tercios del máximo de la pena cuando intervenga algún servidor público y, además, se le impondrán las penas de destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia indicó que era el resultado de un ejercicio responsable de diálogo, apertura y construcción legislativa, que da respuesta integral a una problemática que afecta de manera directa la seguridad, el patrimonio y la seguridad de las familias guanajuatenses.
Agregó que la cobranza extrajudicial ha evolucionado bajo distintos esquemas y ha dejado de ser un simple abuso para convertirse en un mecanismo criminal que vulnera diversos derechos humanos.
También, se aprobó el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de la propuesta de punto de acuerdo que buscaba exhortar al fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste, para que instruyera al fiscal especializado en Combate a la Corrupción para que, de forma pronta y expedita ejercitara la acción penal dentro de la carpeta de investigación número 55827/2019 y cualquier otra que tenga relación con las obras denominadas: Drenaje Sanitario, Red de Agua Potable y Segunda Etapa de la red de drenaje en la localidad de Santa Rita, en el municipio de Salamanca.
De igual manera, se avalaron las convocatorias para invitar a niñas, niños y adolescentes, y a personas con discapacidad a participar en la consulta de diversas iniciativas.
Otros asuntos
Como parte del orden del día, se dio cuenta con siete propuestas legales. La primera, una iniciativa de reforma a fin de armonizar diversos ordenamientos en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva, y lenguaje incluyente, a la Ley para la Administración y disposición de bienes relacionados con hechos delictuosos para el estado de Guanajuato, a la Ley de Archivos del Estado, a la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato, a la Ley de Justicia Alternativa, a la Ley que Regula las Bases del Permiso para el Establecimiento de las Casas de Empeño en el Estado de Guanajuato y sus Municipios, a la Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio para el Estado de Guanajuato, a la Ley de Justicia Cívica del Estado, a la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado, a la Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de Vehículos Automotores en Desuso y sus Autopartes, así como en los que se Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, para el Estado de Guanajuato y sus Municipios y a la Ley de la Defensoría Pública Penal del Estado.
Al respecto se acordó implementar procesos de consulta a personas con discapacidad, a pueblos y comunidades indígenas y a niñas, niños y adolescentes. Además, se enviará a la Secretaría de las Mujeres, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Procuraduría de Derechos Humanos y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quienes contarán con 20 días hábiles para remitir sus comentarios.
La segunda, una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con el objeto de fortalecer los elementos que debe contener el informe anual del Fiscal General del Estado, a fin de garantizar una rendición de cuentas más completa, transparente y orientada a resultados, la cual se remitirá a la Fiscalía General, con plazo de 15 días hábiles.
La tercera propone cambios al Código Penal estatal con la finalidad de incluir a las mujeres indígenas y reforzar la protección legal a ese grupo, en caso de feminicidio. Ésta se mandará al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General, a la Secretaría de Derechos Humanos, al Consejo Estatal Indígena del Estado y a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
La diputada Susana Bermúdez Cano manifestó que el día de ayer fue aprobada una reforma a Constitución federal para crear la Ley General para combatir el feminicidio y de avalarse se quedaría fuera esa metodología.
La cuarta plantea cambios al Código Civil para que las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas puedan solicitar que sus actas del Registro Civil se expidan en su propia lengua indígena, conservando íntegramente su identidad, nombres y apellidos conforme a su escritura y pronunciación, de acuerdo con sus sistemas normativos internos. En este caso, se enviará a la Secretaría de Gobierno y a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
La quinta busca hacer ajustes al Código Civil estatal con el objetivo de fortalecer el marco jurídico de protección a las personas adultas mayores en situación de dependencia y reconocer el valor del trabajo de cuidados no remunerado y se enviará a la Secretaría de Gobierno y a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Además, se solicitará a la Unidad de los Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestal.
La sexta, una iniciativa formulada por personas magistradas integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado mediante la cual se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, a la cual se le establece un plazo de 10 días naturales.
Todas las iniciativas se remitirán a la Consejería Jurídica, se habilitarán ligas en el portal de internet para consulta y participación ciudadana, y se llevarán a cabo mesas de trabajo; para la segunda, tercera, cuarta y quinta iniciativas se estableció un plazo de 15 días hábiles para que se remitan los comentarios de los entes consultados, y para la tercera y cuarta, además, un proceso de consulta a pueblos y comunidades indígenas.
Mismo trámite tuvo el punto de acuerdo que busca exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que inicie el proceso de remoción del fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste.
La diputada Karol Jared González Márquez manifestó que, en virtud de que, en todo procedimiento de presuntas responsabilidades administrativas se requiere observar el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que significa que debe estar fundado y motivado, principios sobre los cuales descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que se tutela es que, el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión.
Apuntó que eso los obligaba como autoridad a respetar los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia de todas las personas incluidas quienes poseen la calidad de servidores públicos, como es el caso del fiscal general del estado.
Abundó en que los hechos graves deben acreditarse, lo que implica que las causales no aplican en automático y mucho menos acreditadas con meros indicios como son las notas periodísticas. En ese sentido, señaló que la propuesta resulta improcedente pues requiere de medios de prueba adecuados para tener hechos probados que den sustento a la proposición y no solo indicios, por lo que pidió se elaborara el dictamen en sentido negativo para efectos de archivo.
Por su parte, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor externó que era un hecho notorio que la Fiscalía General ha incurrido en causas graves en la entidad, que la Constitución local los mandata a velar por la dignidad de las personas, una procuración de justicia efectiva bajo el enfoque de los derechos humanos, pero el fiscal ha fallado en las obligaciones más básicas.
Asimismo, enlistó diversas acciones como la entrega de restos incompletos, entrega de un cuerpo a una familia equivocada, golpes a periodistas, la filtración de expedientes, entre otras, por lo que cuestionó si eso no eran hechos notorios.
Agregó que el incumplimiento reiterado de diversas acciones era causal de remoción, por ello el origen de la propuesta, que era una invitación no una imposición, que la entidad merecía justicia y una institución que procure justicia no que atropelle los derechos de las y los guanajuatenses.
Mientras que la legisladora Susana Bermúdez Cano indicó que era un tema procesal, por lo que la propuesta estaba mal planteada y coincidía con su homóloga. Al respecto se aprobó la elaboración del dictamen en sentido negativo.
De igual manera, se aprobó la solicitud del diputado David Martínez Mendizabal de duplicidad del plazo para dictaminar la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que tiene como finalidad crear la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos cometidos contra Niñas, Niños y Adolescentes.
Finalmente, se dio seguimiento a la metodología de trabajo de la iniciativa de reforma al Código Penal estatal con la finalidad de armonizar el orden jurídico y fortalecer la eficacia del sistema penal frente al delito de extorsión, por lo que el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor propuso realizar una mesa de trabajo el 29 de abril.
Al respecto, la congresista Susana Bermúdez Cano refirió que el tema era similar al del feminicidio, ya que el legislador local perdió su competencia de legislar en la materia conforme a la reforma constitucional federal y la ley general en la materia, por lo que pidió que se eliminara la mesa de trabajo. La propuesta fue avalada.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Karol Jared González Márquez, así como los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor (presidente) y Rolando Fortino Alcántar Rojas.