Guanajuato, Gto.- Pese a la negativa del grupo parlamentario de Morena, durante la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario, se aprobaron por mayoría los puntos de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a mantener los subsidios al combustible de productores agropecuarios e intervenir ante la caída de los precios del maíz.
El diputado Roberto Carlos Terán Ramos precisó que han aumentado los costos de producción del sorgo y el frijol en Guanajuato, lo que impacta directamente en los precios de los alimentos básicos y afecta la economía familiar.
El exhorto, propuesto por el Grupo Parlamentario del PAN y la Representación Parlamentaria del PRD, exige que el Gobierno Federal coordine las acciones necesarias para establecer precios y tarifas de estímulo aplicables a los energéticos agropecuarios.
“Este exhorto refleja defender el corazón productivo de México: el campo que nos alimenta. No podemos ni debemos permitir que una decisión administrativa asfixie a quienes todos los días ponen los alimentas en nuestras mesas: los productores. Con la aprobación de este dictamen, no solo se restaura el equilibrio jurídico previsto en la Ley de Energía para el Campo, sino que se preserva la viabilidad del sector primario como pilar de la economía nacional”, dijo.
Por otra parte, la Comisión aprobó por mayoría el dictamen del exhorto para que el Gobierno Federal evalúe y tome acciones ante el desplome en los precios internacionales del maíz, el cual afecta la rentabilidad de los productores nacionales.
La diputada Noemí Márquez Márquez explicó que, desde 2023, los precios internacionales del maíz han mantenido una caída sostenida, lo que ha reducido drásticamente los ingresos de los productores que dependen de los mercados globales.
“Es momento de actuar con responsabilidad colectiva: el maíz no es solo un cultivo, sino el sustento de familias, comunidades y la identidad nacional. Proteger al productor de maíz es sembrar soberanía para las generaciones futuras”, afirmó.
Agregó que es urgente la intervención federal para estabilizar los ingresos locales, evitar el descontrol en el almacenamiento y proteger el campo.
Finalmente, el punto de acuerdo demanda que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tome las medidas necesarias para evitar que se afecten la rentabilidad y la viabilidad económica de las y los productores de maíz.