CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso una inhabilitación de un año a Jaime N., exadministrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras acreditar irregularidades en sus declaraciones patrimoniales relacionadas con un incremento de bienes por más de 1.5 millones de pesos que no fueron justificados ante las autoridades.
La resolución deriva de una investigación realizada por la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, institución que informó que el exservidor público incurrió en una falta administrativa grave al omitir información patrimonial.
De acuerdo con la dependencia, el monto observado asciende a un millón 532 mil 452 pesos, cantidad que, según la investigación oficial, no pudo ser explicada ni acreditada durante el procedimiento administrativo.
Las autoridades señalaron que el procedimiento permitió acreditar la falta de veracidad en las declaraciones de situación patrimonial del exfuncionario, quien se desempeñó como administrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, uno de los principales puertos comerciales del país.
La resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece una sanción de inhabilitación por un año para ejercer cargos dentro del servicio público.
La Secretaría Anticorrupción precisó que la persona sancionada conserva su derecho a impugnar la resolución mediante los recursos legales correspondientes. En caso de que ello ocurra, la dependencia afirmó que defenderá la resolución emitida por las autoridades competentes.
Las aduanas mexicanas desempeñan un papel estratégico para el comercio exterior, la recaudación y la supervisión de mercancías que ingresan y salen del país. Por ello, los mecanismos de control patrimonial y rendición de cuentas forman parte de los instrumentos diseñados para prevenir posibles actos de corrupción.
Especialistas en materia de fiscalización pública señalan que las declaraciones patrimoniales constituyen una herramienta fundamental para detectar inconsistencias en el patrimonio de los servidores públicos y fortalecer la confianza en las instituciones.
La resolución del tribunal se suma a otros procedimientos administrativos impulsados por las autoridades en materia de combate a la corrupción y vigilancia del ejercicio de la función pública.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que la lucha contra la corrupción requiere la participación tanto de las instituciones como de la sociedad.
La dependencia recordó que los ciudadanos pueden presentar denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción a través de los mecanismos oficiales establecidos para tal fin.
Asimismo, reiteró que las conductas que vulneren la confianza pública deben investigarse y, en su caso, sancionarse conforme a la legislación vigente.
Por ahora, la resolución administrativa contra el exfuncionario representa una de las acciones recientes en materia de fiscalización patrimonial dentro del servicio público federal.